Cartilla, por Humberto García Larralde


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Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y libraras cien batallas victoriosas”

Sun Tzu, El Arte de la Guerra.

Humberto García Larralde, economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela ha sufrido la peor crisis de su historia moderna. El ingreso promedio por habitante ha disminuido a casi la mitad, una hiperinflación pavorosa ha hundido al 90% de la población en pobreza y todos los días mueren venezolanos por no conseguir tratamiento médico adecuado. El salario mínimo, recientemente incrementado, es ya menos de la décima parte del promedio latinoamericano. Al lado del desabastecimiento y el hambre, el país exhibe, junto a El Salvador, la tasa de muertes violentas más alta del hemisferio. Se contabilizan actualmente más de 200 presos por razones políticas y numerosas denuncias sobre la violación de derechos humanos, expresión ignominiosa del quebrantamiento del orden constitucional. En fin, indicios propios de una dictadura.

En atención a un desempeño tan funesto, debe preguntarse por qué no ha sido desplazado del poder. Entre otras cosas, es menester entender la naturaleza del gobierno que preside Nicolás Maduro:

Es el asiento de un régimen de expoliación establecido por una nueva oligarquía militar y civil, destruyendo todo contrapeso a su ejercicio discrecional y centralizado de poder.

Un régimen de expoliación es un arreglo orquestado desde un poder político autocrático para el usufructo de la riqueza social con base en relaciones de fuerza derivadas de una jerarquía de mando, en desapego a criterios de racionalidad económica y/o a indicadores que expresarían metas planificadas. Un Estado Patrimonial, en el que se confunde el patrimonio público con el de quienes mandan, sustituye al Estado de Derecho. Por ende, no está sujeto a normas sino a transacciones de naturaleza política que truecan obsecuencia y lealtad hacia aquellos por el derecho a participar en la depredación de la riqueza. Puede comprender actividades ilegales, como el tráfico de drogas. Favorece la acción de formaciones mafiosas que rivalizan entre sí en el despojo de lo que consideran “cotos de caza”.

Su apoyo fundamental proviene de estamentos hegemónicos en la jerarquía militar quienes, junto a altos funcionarios y amigotes, constituyen una nueva oligarquía, beneficiaria principal del régimen expoliador al controlar buena parte de las actividades económicas y ocupar los nodos decisorios que determinan las posibilidades de extraer rentas por medio de la intervención estatal. Si bien las encuestas revelan que su apoyo es mínimo, el monopolio de los medios de violencia del Estado está a su disposición. Junto a un poder judicial partidario, totalmente abyecto, se ejerce por su intermedio el terrorismo de Estado en contra de quienes protestan o realizan actividades que amenacen su control sobre la población.

La oligarquía se cobija en una falsa realidad erigida con simbolismos de la mitología revolucionaria para legitimar su apropiación de bienes públicos y privados, en nombre de un “socialismo del siglo XXI”. Avala su uso de tal apelativo con programas de reparto a sus bases de apoyo. Una representación ideológica maniquea moldea compromisos sectarios y excluyentes entre éstas, y les provee de subterfugios con los cuales absolver sus desmanes. Discursos de odio las instigan a confrontar a aquellos señalados por el liderazgo como enemigos de la “revolución”. Estas prácticas pueden englobarse bajo el amplio concepto de populismo pero, teniendo en cuenta su escamoteo de la participación democrática, su afición por la violencia y su militarización, un término más preciso es el de neofascismo.

Un importante locus de decisión del régimen reside fuera de Venezuela en quienes controlan el Estado cubano y, más recientemente, en acreedores, básicamente chinos, que constituyen poderosos intereses en torno a la permanencia del gobierno de Maduro. La aquiescencia con éstos es a expensas de la soberanía, incluida la renuncia a reclamos territoriales y el saqueo de recursos del subsuelo.

Implicaciones políticas

1. La oligarquía no va a acceder por cuenta propia a salir del poder por medios constitucionales. Los intereses creados en torno al despojo de bienes públicos y privados, basados en actividades que quebrantan el orden constitucional, están firmemente atrincherados. Su accionar de mafias hace de su compromiso con lo que puede denominarse un “Estado forajido”, un hecho irreversible.

2. En su defensa, esta oligarquía no conoce frenos morales ni éticos, ni reconoce límite en el respeto a los derechos humanos consagrados en la constitución. Retrata como enemigo a todo opositor con base en categorizaciones maniqueas patriotero-comunistas. Independientemente de que crea o no su montaje ideológico, éste sirve para dispensar de toda culpa a sus atropellos: “La Historia me absolverá”. En este ejercicio encubridor, la lucha política es una “guerra” donde todo se vale.

3. Lo anterior explica la terrible crueldad con que la oligarquía despacha el hambre causado por sus políticas, como las miserias que acompañan el éxodo masivo de venezolanos por las fronteras. Esta malignidad se magnifica con el despliegue de su opulencia y la revelación de sus enormes fortunas. “A falta de pan, buenas son tortas”, como se le atribuye a la reina María Antonieta.

4. Lo anterior se complementa con acciones desmoralizadoras que buscan desesperar y hacer cundir la resignación de los venezolanos. Para ello reprime toda protesta –protestar no llega a nada– y chantajea al presentar el Carnet de la Patria como lo único seguro ante al hambre. Apertrechado de un vasto arsenal de recursos públicos, ejerce el terrorismo de Estado en contra de sus opositores.

Consecuencias para la acción de las fuerzas democráticas

1. Lo único que sacará a la oligarquía del poder es una acción concertada de fuerzas decididamente superiores. Esta verdad de Perogrullo implica resquebrajar las bases de apoyo militar a Maduro. No basta con disfrutar de una mayoría o tener la legalidad y la razón de nuestro lado.

2. Es menester una política abierta y diáfana frente a la Fuerza Armada, acotando insistentemente su papel profesional al “servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (Art. 328) y denunciando la represión de oficiales por estar comprometidos con este rol institucional. A aquellos incursos en complicidades con el régimen se les debe confrontar con su responsabilidad criminal en el sufrimiento del pueblo, de forma terminante. Lejos de ser herederos (“gloriosos”) del Ejercito Libertador, lo son de Pinochet, Videla y demás gorilas latinoamericanos.

3. Aunque a los mafiosos les importa un bledo la legalidad y la razón, éstas siguen siendo referencias básicas en la cultura democrática que aún pervive entre la gente. De ahí que una prédica política que conecte claramente Estado de Derecho y bienestar –mayores ingresos, comida, salud, educación, libertad y servicios públicos eficientes— contribuye a potenciar las fuerzas democráticas.

4. La participación en contiendas electorales convocadas por el Madurismo, por más fraudulentas que sean, será ventajoso si ello permite su utilización para movilizar a la gente y construir fuerzas. La denuncia del ventajismo, los atropellos y el abuso de poder en el escamoteo de la auténtica voluntad de la gente, tanto dentro del país como afuera, será primordial para tales propósitos.

5. Es menester desenmascarar la naturaleza fascista del Madurismo. Es insólito que siga alardeando de una supuesta democracia protagónica –superior—con base en discursos “revolucionarios” que sirven, más bien, para conculcarla a través de la militarización del país. Quitémosle la Hoja de Parra de un supuesto “socialismo humanitario” que no hace sino defenderse del “imperio y la burguesía”.

6. La base de la prédica democrática debe fundamentarse en la posibilidad de una vida digna, bien provisionada y en libertad, gracias a un proyecto claramente alternativo al reparto rentista hoy en bancarrota. No puede ser un simple “quítate tú pa’ ponerme yo”, a cuenta que soy honesto y bien intencionado. Una economía social de mercado, cuyo motor sea la iniciativa privado en un marco institucional que afiance la equidad y la justicia, debe traducirse en un lenguaje y unos conceptos que hagan suyos la gran mayoría de venezolanos. Es hora de enterrar el populismo paternalista.



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