ONU recibió informe sobre vulneración de derechos de personas con discapacidad en Venezuela




Representantes de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) , imagen cortesía.
Representantes de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) , imagen cortesía.

 

El pasado 24 de septiembre, la sociedad civil liderada por la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) presentó ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el Informe Alternativo para el examen inicial de Venezuela sobre el referido pacto, donde se refleja la situación de los derechos humanos de las Personas con Discapacidad (PcD) en el país, y el incumplimiento por parte del Estado venezolano de los compromisos asumidos.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que, para llevar a cabo el Estudio sobre Accesibilidad y Derechos Humanos, se trabajó de manera conjunta con 17 organizaciones y se contó con apoyo de abogados y especialistas; el mismo se realizó entre mayo y julio de 2019 en 16 estados del país.

Reflejó que en la investigación realizada por Consorven, 46% de 30 instituciones educativas visitadas en 12 estados del país, presentaban limitaciones de accesibilidad en su infraestructura, debido a que cuentan con más de un piso y carecen de rampas, y un 76% no tienen ascensores. “Condiciones que afectan a estudiantes con movilidad reducida o discapacidad motora el acceso a pisos superiores, limitando su participación; derechos contemplados en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad”, dijo De Gouveia.

Con respecto al sector salud, el mismo estudio arrojó que en 29 hospitales y ambulatorios visitados, el 40% carecían de rampas de acceso y 31% no tenía ascensores. Asimismo, entre las PcD consultadas, el 44% indicó que lo que dificulta el acceso hacia los centros de salud es la falta de transporte, 8,47% dice que los espacios no son accesibles y el 10,17% señala que no hay transportes accesibles.

También hizo referencia a que el 96% de los centros de salud no brindan la posibilidad de acceso a intérpretes de Lengua de Señas Venezolana y de guías de interpretación para sordo-ciego, “situación que vulnera el artículo 25 de la Convención, ya que limita la asistencia integral en materia de salud a las personas sordas y sordo ciegas”.

En otro orden de ideas, señaló que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país desde hace cuatro años, es consecuencia del socavamiento de las estructuras jurídicas, políticas, económicas y sociales que impactan con mayor incidencia en personas con discapacidad, situación que ha generado la masiva migración forzada de personas que huyen de Venezuela.

Entre las recomendaciones inmediatas para que se cumpla con lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, De Gouveia consideró que se debe iniciar de forma inmediata un censo de las PcD para conocer datos demográficos y geográficos de esta población en todas las discapacidades, así como aceptar la cooperación internacional ofrecida al país ante la emergencia humanitaria compleja, “en particular aquella que beneficie e incluya a las PcD en función de sus necesidades específicas”.

Añadió que se debe garantizar la ejecución plena y efectiva de los procedimientos regulados por el CONAPDIS y la Defensoría del Pueblo a través de la participación plural que permita el cumplimiento de los derechos de las PcD según lo establecido en la CRPD; el cese inmediato del uso de instrumentos de control social con fines políticos como el carnet de la patria, para el acceso de las PcD a políticas y programas sociales, “lo cual constituye una práctica discriminatoria prohibida e inaceptable”.

También consideró de vital importancia, realizar la evaluación del acceso, permanencia, prosecución y culminación de estudios de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad al sistema educativo, en concordancia con lo planteado por la Convención, bajo un enfoque de educación inclusiva.

Finalmente, De Gouveia aseveró que el Estado debe implementar planes de acción que conduzcan al diseño y provisión de ajustes razonables como sistema alternativo de comunicación: LSV, visualización de textos, braille, macrotipos, entre otros, en entornos educativos, de salud y laborales, a fin de ampliar las oportunidades de acceso a las PcD.

NP.



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