Trabajadores ecuatorianos rechazan reformas laborales y económicas



El presidente del Frente Popular de Ecuador, Nelson Erazo, anunció hoy que trabajadores y sectores sociales preparan una movilización para el mes de agosto, en protesta contra las reformas laborales y económicas del gobierno. De acuerdo con el líder de esa alianza de organizaciones sindicales, los asalariados del país sienten que no son escuchados por las autoridades, por lo que decidieron llamar su atención con esta iniciativa.

Cuando se anuncian medidas económicas, medidas laborales que despojan de los derechos de los trabajadores y los pueblos, y se garantiza la acumulación de la riqueza en pocas manos, no se puede hablar de un diálogo nacional, dijo Erazo, citado por el sitio Ecuador inmediato, reseña Prensa Latina.

A su juicio, la administración de Lenín Moreno pretende imponer las reformas a la seguridad social y las medidas económicas en contra de los hogares de los ecuatorianos.

Por eso insistiendo ahora en la necesidad de ir a una jornada de movilización, como parte de la preparación de la huelga nacional, que se realizara en tanto y en cuanto el Gobierno nacional no entienda que debe dar pasos hacia atrás en sus anuncios, añadió.

El titular del Frente Unitario de Trabajadores, Mesias Tatamuez, también apoya estas acciones de reclamo que, considera, defienden los derechos del pueblo ecuatoriano.

Estamos preparando todas las acciones para ir a todo un proceso de un paro, huelga que sea en beneficio no de sectores, sino que gane el Ecuador, afirmó.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a unirse, para presentar una propuesta de código de trabajo y ley de seguridad social que beneficie a los trabajadores.

En Ecuador se impulsan tres reformas laborales que suscitaron polémica en el país, pues se gestaron en el marco de un acuerdo el Fondo Monetario Internacional.

Una de ellas propone aumentar la jornada máxima a 12 horas para que el trabajo se pueda realizar en tres días y medio durante la semana; otra extiende los periodos de prueba de tres meses a tres años; y la última busca eliminar el impuesto de 35 por ciento que se aplica actualmente a los empleadores para los contratos temporales.

Algunos analistas alertaron que estas agravarán las condiciones de vida y de trabajo de la población, pues violan derechos laborales conquistados históricamente, como el de la jornada máxima de ocho horas.

Según el politólogo ecuatoriano Juan Paz, esas medidas ‘representan una visión empresarial conservadora que no tiene nada de moderna, pero que se presenta como un avance en la legislación’.



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